El Pleno del Ayuntamiento de Elgoibar aprueba el convenio de uso de las 3 viviendas sociales municipales de Mendaro en el ámbito de los Servicios Sociales Deba-Kosta

  • El objetivo principal de las viviendas tuteladas es facilitar a las personas mayores en situación o riesgo de dependencia la permanencia en su entorno habitual hasta el máximo tiempo posible y en las condiciones más adecuadas, garantizando las ayudas concretas necesarias para prevenir y/o paliar la pérdida de autonomía.

El Pleno del Ayuntamiento de Elgoibar aprobó el pasado martes, 31 de octubre, el convenio para el uso de las 3 viviendas sociales del municipio de Mendaro. Su uso será comarcal, compartido con los usuarios de Mendaro, Elgoibar, Deba y Mutriku, en el ámbito de los Servicios Sociales de Deba Kosta. El convenio tiene una vigencia de un año y podrá renovarse hasta 4 años por año.

El alojamiento municipal es un servicio de larga estancia o uso permanente y, excepcionalmente, temporal. Con la posibilidad de contar con el apoyo del personal de tutoría, mediación, asistencia social y supervisión y, en su caso, atención domiciliaria personal.

Los objetivos de las viviendas tuteladas son facilitar la permanencia de las personas usuarias en el entorno de su comunidad, mejorar su nivel de autonomía personal, mantenerla o prevenir la pérdida de habilidades y capacidades que permitan desenvolverse con autonomía, no permitirles vivir solas, detectar el sentimiento de seguridad y otras necesidades que puedan requerir la intervención de otros servicios, mejorar y facilitar el alojamiento a las personas sin hogar.

La gestión económica y administrativa del servicio de alojamiento será competencia del Ayuntamiento de Mendaro, aunque la financiación de dicha gestión se repartirá entre los 4 municipios. Tanto los gastos derivados de las inversiones como los de gestión se repartirán en función de la población: Ayuntamiento de Elgoibar 47,26%, Ayuntamiento de Deba 22,32%, Ayuntamiento de Mutriku 22,13% y Ayuntamiento de Mendaro 8,29%.

El pago del coste de la plaza, por su parte, correrá a cargo del municipio de origen de la persona usuaria, en el caso de personas que no puedan pagar el 100%. El coste de la plaza se fijará anualmente.